sábado, 10 de febrero de 2018

Nuevo manifiesto por la libertad, la democracia y la verdad histórica.




Del manifiesto se pueden entresacar muchas cosas, y todas buenas, pero me he quedado con una que me ha llamado la atención, el Pacto de Naciones Unidas sobre derechos cívicos y políticos:


"El proyecto de ley viola  asimismo el artículo 19  del Pacto de Naciones Unidas sobre derechos cívicos y políticos, suscrito por España, que en su apartado 49 especifica: “Las leyes que penalizan la expresión de opiniones sobre hechos históricos son incompatibles con las obligaciones que el Pacto impone a los Estados partes en lo tocante al respeto de las libertades de opinión y expresión. El Pacto no autoriza las prohibiciones penales de la expresión de opiniones erróneas o interpretaciones incorrectas de acontecimientos pasados”"

Pues bien, ese Pacto que España ha suscrito sirve en las dos direcciones: nadie podrá castigar la libertad de expresión de aquellas personas de izquierdas que defiendan lo que estimen por conveniente (franquismo igual a nazismo, que el golpe de Estado del año 1936 acabó con el paraíso en la tierra que era la República, etc, etc), pero tampoco nadie podrá castigar la expresión de opiniones de aquellas personas que defiendan lo contrario. 

La libertad es lo que tiene, es un camino por el que circulamos todos, los que pensamos una cosa y los que piensan lo contrario, pero esa libertad no admite que unos impongan a otros "su" verdad con amenazas y penas de cárcel. Eso no es una democracia, eso es un estado totalitario.

jueves, 8 de febrero de 2018

"Tampoco hay que tomárselo a mal. Esas cosas pasan, se olvidan y continuamos"



El PP denunció a ABC por publicar una entrevista a Inés Arrimadas en el día de reflexión de las elecciones del 21D, esas elecciones que nos han costado un dineral para que nadie cambie excepto el presidente de la Generalitat que no podrá ser Puchmamón por incomparecencia.

Menos de dos meses después ya están todos riéndose juntos. Es lo que tiene la política, que nos ahorra la violencia y proporciona muchas ocasiones para la risa. Pelillos a la mar pero a vaquiña por lo que vale.

Es que Rajoy es menos rencoroso que Richard Nixon que vetó al Washington Post por haber publicado los "papeles del pentágono" , el informe encargado por Robert Mcnamara tan de actualidad por la película de Tom Hanks.

Plan E funerario: la propuesta de reforma de la ley de Memoria Histórica de Sánchez


Se echa de menos a alguien como Felipe González en el PSOE, arruinaron España, la dejaron con un paro escandaloso, robaron en el BOE, en el AVE, en la Expo, en la Guardia Civil..... pero al menos nos evitaban las chorradas y el odio sectario de la "nueva izquierda" de Sánchez. ¡Que alguien nos lo saque de en medio! ¡que es peor que el bobo solemne de Zp, hasta hace bueno a Zp!

Me gusta esta parte del artículo de Camacho: "Por Ignacio Camacho en Abc, 

"Esto es lo que el sedicente progresismo ofrece ante el futuro y sus retos. Un salto atrás de ochenta años y una especie de Plan E funerario que en vez de construir rotondas genere jornales trasladando muertos. Una reconstrucción sesgada de la Historia que trata de levantar una falsa legitimidad moral a base de identificar a la derecha moderna –como hace el separatismo catalán– con el franquismo y sus herederos. "


Por Ignacio Camacho en Abc, 

Ala izquierda española le ha pasado factura el conflicto catalán –la unanimidad de las encuestas es irrebatible al respecto– porque siempre se ha movido ante el nacionalismo con cierto complejo. En el pulso independentista contra el Estado se ha quedado sin iniciativa y sin hueco; o no ha encontrado un discurso con el que abrirse paso, que es lo que le ha sucedido al PSOE, o simplemente se ha equivocado de bando en el caso de Podemos. El resultado es una patente incomodidad en la que sólo Susana Díaz, por tener liderazgo institucional, se desenvuelve sin contradicciones internas como ariete socialdemócrata contra el «proceso».

Para salirse de tan desfavorable contexto, Sánchez e Iglesias han decidido apartar el problema de su agenda, como si eso fuera posible, y recuperar un discurso ideológico con su propio acento. Y ante la dificultad de hacer propuestas económicas solventes en pleno crecimiento, han apelado al comodín de la memoria histórica, el antifranquismo retroactivo que dice Leguina, en busca de un espacio donde pisar sin que ceda bajo sus pies el terreno.

El revisionismo de la Guerra Civil da pocos votos nuevos pero al menos mantiene a las huestes de izquierda movilizadas, genera un debate antipático para la derecha y en términos de opinión pública arma un ruido que siempre surte efecto. Por eso le gustaba tanto a Zapatero, autor intelectual de la política de tumbas removidas que el nuevo programa socialista propone reactivar a falta de mejores argumentos. Así que ahí andan las llamadas fuerzas de progreso dispuestas a seguir reinterpretando el pasado, sacar los restos de Franco de su mausoleo y culminar la victoria sobre la dictadura con una heroica depuración del callejero. Sólo que, purgado hasta Pemán, en el nomenclátor urbano apenas debe ya quedar algún erudito local de remotas veleidades falangistas o algún expedicionario de la División Azul con rango de cabo primero. A menos que, igual que Kichi le ha quitado el nombre de Ramón de Carranza al estadio de Cádiz, Carmena se atreva con don Santiago Bernabéu.

Esto es lo que el sedicente progresismo ofrece ante el futuro y sus retos. Un salto atrás de ochenta años y una especie de Plan E funerario que en vez de construir rotondas genere jornales trasladando muertos. Una reconstrucción sesgada de la Historia que trata de levantar una falsa legitimidad moral a base de identificar a la derecha moderna –como hace el separatismo catalán– con el franquismo y sus herederos. La liquidación del pacto de concordia de la Transición mediante el retorno a la España hemipléjica de Ortega, al relato cernudiano de los caínes sempiternos. Lo que queda de la izquierda que transformó España con un pujante y renovador proyecto no es más que una simbólica excavación retrospectiva en las tapias de los cementerios. Para venir de gente joven no podía tratarse de un modelo más añejo.

miércoles, 7 de febrero de 2018

Nueva vuelta de tuerca con la revisión de la ley de Memoria Histórica

En ABC, hoy, muy buen artículo de: POR ALFONSO BULLÓN DE MENDOZA ALFONSO BULLÓN DE MENDOZA ES CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO

 

LA ley de Memoria Histórica fue una mala ley. Es verdad que tenía aspectos positivos, como facilitar la búsqueda de los cadáveres de las víctimas de la guerra que aún yacían en el lugar de su ejecución, o potenciar los estudios históricos sobre el periodo. Pero en su planteamiento general había un claro deseo de revanchismo por parte de quienes perdieron la guerra. El punto fundamental de su falsificación de la historia consiste en poner el comienzo de la gran tragedia española del siglo XX en el alzamiento del 18 de julio de 1936, olvidando las causas que llevaron a él, causas que, según Ortega, eran lo primero y más sustancial que había que conocer para opinar del conflicto, y que incluyen hechos tan significativos como que el Frente Popular llegó al poder falsificando el resultado electoral.
Al PSOE y sus adláteres no les interesaba recordar estos antecedentes, y por tanto su visión se limita a que en 1936 había un régimen democrático plenamente equiparable con el que hoy disfrutamos, y unos señores malos, muy malos, que se sublevaron contra él porque no les gustaba la libertad. Y en virtud de ello se ha obligado a cambiar los nombres de numerosas calles y quitar cuantos símbolos podían recordar el régimen de Franco.
La ley era mala, pero empeorable, y a ello se han dedicado con ahínco diversos gobiernos autonómicos, como los de Andalucía, Valencia y Aragón. Se trata de textos similares y que anticipan el que ha presentado el PSOE a las Cortes el pasado 14 de diciembre, sin duda el más sectario y liberticida de todos. Un comentario a fondo de dicho escrito exigiría mucho más espacio del disponible, por lo que señalaré los aspectos que considero más graves para el futuro de España y de la libertad.
El artículo 32 dispone que el Ministerio de Educación se encargará de «la inclusión de la memoria democrática» en «el currículo de la educación primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y para personas adultas. Asimismo impulsará, en colaboración con las universidades, la incorporación de la memoria democrática en los estudios universitarios». Un programa de adoctrinamiento en todos los niveles de la enseñanza que irá acompañado del adoctrinamiento del profesorado, mediante la inclusión en sus planes de formación de «la actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática con el objetivo de dotar al profesorado de herramientas conceptuales y metodológicas adecuadas». El artículo 35 establece que a través de los medios de comunicación públicos se promocionará el conocimiento de la memoria democrática y «se elaborará un manual de estilo para el adecuado tratamiento de la información en materia de memoria histórica». Sobran comentarios.
Toda nación, y más una nación que no pasa por sus mejores momentos, necesita impulsar elementos que potencien su cohesión. Si la memoria democrática fuera el estudio de cómo tras la muerte de Franco los políticos del régimen y las fuerzas de la oposición se pusieron de acuerdo para implantar un régimen de libertades, su propagación podría servir para fomentar la unión entre los españoles. Pero la memoria democrática, tal y como está concebida, es la asunción de que en España hubo una guerra civil con buenos y malos, que ganaron los malos, que los malos estuvieron en el poder durante varias décadas, y que gracias a la lucha contra los malos de fuerzas tan democráticas a lo largo de toda su historia como los comunistas, los socialistas o los nacionalistas volvió a España la democracia idílica de 1936. La renuncia al espíritu de la Transición (y a la verdad) es evidente, y por eso algunos sectores políticos plantean una nueva Transición. «Y puesto que la Transición fue una transición hacia la democracia –afirma Stanley Payne– presumiblemente marcaría el comienzo del abandono de la democracia».
En este sentido parecen ir las disposiciones adicionales del texto, donde se propone una alteración del Código Penal para que se condene a penas de hasta cuatro años de prisión a quienes «enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión el franquismo», y «quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguna de las víctimas». Sanciones que se ven agraviadas en el caso del profesorado: «Se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre tres y diez años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia».
Según la literalidad del texto, me temo que un profesor que explique las razones de los alzados para sublevarse, señale que entre las víctimas de la represión franquista hubo quienes estuvieron implicados en las decenas de miles de asesinatos cometidos en la zona frentepopulista, o se atreva a decir que en la época de Franco hubo en España un gran desarrollo económico y social, es susceptible de ser enviado a la cárcel e inhabilitado para ejercer su profesión. Y sin embargo es evidente que quienes se sublevaron tuvieron buenos motivos para hacerlo (se comparta o no su decisión), que no todas las víctimas de la represión franquista eran ángeles de la caridad, y que en la época de Franco se produjo un desarrollo político y social que facilitó enormemente la transición política.
No es el momento de luchar contra la dictadura de Franco, pues murió hace cuarenta y dos años. Es el momento de luchar en defensa de la libertad que hoy disfrutamos frente a los nuevos aspirantes a tiranos, frente a los que pretenden dejar sin efecto el artículo 20 de nuestra Constitución, que defiende la libertad de expresión en general y la libertad de cátedra en particular. Contra quienes pretenden que sea el Estado, y no los historiadores, en el ejercicio libre de su profesión, quien construya la Historia. Como señalaban hace varios años algunos de los más reputados historiadores franceses: «La historia no es un objeto jurídico. En un Estado libre, no corresponde ni al Parlamento ni a la autoridad judicial definir la verdad histórica. La política del Estado, aun cuando esté animada por las mejores intenciones, no es la política de la historia».
Por todo ello, cuando llegue la hora de votar esta ley en las Cortes, es bueno que nuestros representantes tengan claro que no estarán votando sobre si la dictadura de Franco fue buena o mala, sino a favor o en contra de la libertad en la España del siglo XXI.

¿Cuánto les pagará la Generalitat?


Aunque estoy pensando que seguro que lo hacen gratis et amore, aquí lo de que no cabe un tonto más se ha pasado a aquí no cabe un hijo de mala madre más.

Ahora también piden en las homilías , por gentileza de Somatemps:

“- Al llegar a esta hora vespertina, rogamos por el restablecimiento del gobierno catalán y por la libertad de los consejeros elegidos democráticamente.Roguemos al Señor: Señor ten piedad, Cristo ten piedad.
– Para que ningún gobierno maltrate la dignidad de las personas y respete siempre sus derechos.Roguemos al Señor: Señor ten piedad, Cristo ten piedad.”

Cuando 15 diarios es masivo. Omella hace estragos !!

¿Masivo 15 devoluciones diarias?. ¡Vamos anda!, así nos luce el pelo, con este ritmo tardaremos más de un año en devolver al país del que pr...